Introducción
La situación económica de muchas familias ha provocado un aumento significativo en la demanda de soluciones financieras urgentes. Este contexto ha sido explotado por redes delictivas que, bajo la apariencia de prestamistas particulares o entidades extranjeras, cometen fraudes sistemáticos a través de internet. El Fraude en préstamos online, cada vez es más frecuente, se agrupan bajo lo que en términos legales se identifica como estafas por préstamos no bancarios o fraudes financieros digitales.
El propio Banco de España ha indicado en su web esta nueva práctica, indicando la peligrosidad en recaer en una posible estafa o fraude.
Desde el punto de vista jurídico, este fenómeno presenta una tipología compleja y grave, en la que convergen engaño, abuso de necesidad económica y, en muchos casos, delitos conexos como la falsedad documental, la usurpación de identidad o incluso el blanqueo de capitales utilizando a las propias víctimas.
¿En qué consiste este tipo de fraude?
Los estafadores se hacen pasar por supuestos prestamistas privados o entidades financieras extranjeras que operan en línea. Publican anuncios en páginas web sin control legal, foros, redes sociales o incluso a través de correos electrónicos masivos.
Prometen la concesión de préstamos rápidos sin necesidad de justificar solvencia ni aportar documentación. Una vez que la persona interesada establece contacto, se le solicita el pago anticipado de una suma de dinero en concepto de supuestos gastos de gestión, comisiones bancarias, seguros o impuestos. Estos conceptos son completamente ficticios y, tras recibir el importe solicitado, los estafadores cesan toda comunicación.
Este tipo de actuación constituye, en la mayoría de los casos, un delito de estafa conforme al artículo 248 del Código Penal español.
Una práctica aún más peligrosa: apertura de cuentas a nombre de la víctima
En un número creciente de casos, los estafadores no solo buscan obtener dinero directamente de la víctima, sino que también la utilizan como instrumento para cometer nuevas actividades ilícitas. Esto ocurre cuando, como parte del supuesto procedimiento para obtener el préstamo, se le solicita al perjudicado que:
- Aporte una cuenta bancaria propia a su nombre donde se transferirá el supuesto préstamo.
- Abra una cuenta nueva, a menudo con determinadas características (cuentas online, fintech, con IBAN internacional), alegando que es necesaria para completar la operación.
Posteriormente, estas cuentas son utilizadas por los delincuentes para canalizar fondos provenientes de otras estafas, transferencias fraudulentas o incluso blanqueo de capitales. En algunos casos, la víctima ni siquiera es consciente de que su cuenta ha sido manipulada remotamente, habiendo proporcionado previamente las credenciales de acceso.
Consecuencias legales para la víctima
Además del perjuicio económico sufrido, la víctima puede enfrentarse a graves implicaciones legales si no actúa con rapidez:
- Puede ser investigada como partícipe de delitos de estafa o blanqueo de capitales, especialmente si su cuenta ha sido usada como medio para cometer otros fraudes.
- En procedimientos penales, podría figurar como parte investigada si no acredita que actuó bajo engaño y sin ánimo de colaboración.
- Puede recibir reclamaciones bancarias o judiciales relacionadas con movimientos que jamás autorizó.
Por ello, es fundamental que, ante el más mínimo indicio, la persona perjudicada denuncie de inmediato y documente exhaustivamente su actuación como víctima de un engaño.
Casuística frecuente
En la práctica jurídica, se observan patrones recurrentes en este tipo de fraudes:
- Contactos iniciales a través de plataformas de anuncios sin regulación o redes sociales.
- Solicitud de cantidades que oscilan entre los 200 € y los 1.500 € en concepto de costes previos al desembolso del préstamo.
- Contratos redactados de forma aparentemente profesional, que incluyen logotipos falsificados y terminología jurídica para aparentar legalidad.
- Presión para efectuar el pago de forma inmediata, alegando caducidad de la “oferta” o la supuesta saturación del servicio.
- Requerimiento de apertura de cuentas a nombre de la víctima, lo que posteriormente puede vincularla, de forma involuntaria, con otras actividades delictivas.
Repercusiones legales y marco jurídico aplicable
La conducta descrita se encuentra tipificada como delito de estafa en el ordenamiento penal español, pudiendo ser castigada con penas de prisión de entre 1 y 6 años, en función de la gravedad de los hechos y del perjuicio económico causado. A ello pueden añadirse delitos conexos como:
- Falsedad documental (arts. 390 y ss. del Código Penal), si se emplean documentos manipulados o falsificados.
- Usurpación de identidad, cuando se utilizan datos ajenos para operar fraudulentamente.
- Blanqueo de capitales (art. 301 CP), si las cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas son utilizadas para mover fondos procedentes de actividades ilícitas.
- Organización criminal, en los supuestos en que exista estructura jerarquizada y reiteración delictiva.
¿Qué debe hacer la víctima?
Ante una situación de este tipo, se recomienda actuar con celeridad:
- Cortar toda comunicación con los presuntos prestamistas y abstenerse de realizar nuevas transferencias.
- Recopilar y conservar todas las pruebas disponibles: mensajes, correos electrónicos, comprobantes de pago, contratos y datos bancarios.
- Interponer denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con asistencia letrada.
- Contactar con un abogado especializado que pueda acreditar su condición de víctima y evitar consecuencias legales adicionales.
- Informar a la entidad bancaria para bloquear o cerrar la cuenta en cuestión y prevenir movimientos sospechosos.
Prevención: claves para evitar ser víctima
- Verificar que la entidad financiera esté legalmente registrada en el Banco de España.
- No facilitar datos personales ni bancarios sin garantías legales.
- Evitar abrir cuentas bancarias a petición de terceros.
- Desconfiar de ofertas de préstamos inmediatos sin verificación de solvencia ni garantías.
- Consultar siempre con un profesional del derecho ante la más mínima duda.
Asesoramiento legal especializado
Blanco Inan Abogados cuenta con expertos en delitos económicos, estafas digitales y responsabilidad penal del consumidor engañado. Ofrecemos asesoría integral, incluyendo:
- Redacción de denuncias y querellas.
- Representación en procedimientos judiciales.
- Defensa frente a eventuales imputaciones derivadas del uso de cuentas a nombre de la víctima.
- Acciones civiles de reclamación y recuperación del perjuicio sufrido.
Conclusión
Los falsos prestamistas online no solo buscan estafar directamente a las víctimas, sino que, en ocasiones, las convierten en vehículos para cometer otros delitos. Esta doble victimización exige una respuesta jurídica firme y especializada.
Si sospecha que ha sido víctima de este tipo de fraude, o ha proporcionado acceso a una cuenta bancaria por indicación de terceros, consulte con nosotros de inmediato.